MLV Digital nos trae una mala noticia, otra empresa que no está resistiendo a la crisis. La dirección de Puertas Dimara y el sindicato mayoritario presente en la empresa, UGT, han pactado un expediente de regulación de empleo (ERE) por el cual se extinguirán 45 de los 112 puestos de trabajo con los que actualmente cuenta la sociedad dependiente del Grupo Interbon. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO.) con presencia también en la empresa, no ha secundado el acuerdo. Estos despidos aun están pendientes de confirmación por parte del Juzgado Mercantil de Burgos.

La sociedad, que actualmente se encuentra en un proceso concursal de suspensión de pagos, ha previsto que cada trabajador despedido cobre una indemnización de 21 días por año trabajado, una cantidad superior a la contemplada por la ley para estos casos.

El actual concurso de acreedores en el que se encuentra Dimara nace principalmente de las dificultades que arrastra la maderera burgalesa Interbon, lo que ha hecho que todas las compañías dependientes de este grupo, incluida la quintanareña, sufran las mismas consecuencias. Tan complicada es la situación de Interbon que tiene previsto ejecutar otro ERE más en sus instalaciones que afectará a 68 trabajadores, mermando su plantilla hasta 290 efectivos.

Dimara se instaló en Quintanar hacia 2003, en el polígono aún en proyecto de la carretera de El Toboso, por la iniciativa de varios empresarios del sector de las puertas de Villacañas. En 2006 fue adquirida por la compañía castellanoleonesa Interbon. El proceso concursal presentado voluntariamente por Dimara fue aceptado, junto al resto del Grupo Interbon, por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Burgos el pasado 27 de julio. En su auto, el juez recogía que la empresa «señala que su pasivo (deuda) estimado inicialmente es superior a diez millones».

En la resolución judicial también se describen las propiedades de Dimara, en este caso 17 fincas en el término municipal de Quintanar y su propia marca, como garantía para el pago a los acreedores. Entre ellos figura la Agencia Tributaria, que ha nombrado a uno de los tres administradores concursales, y la antigua Caja de Castilla-La Mancha, que le había concedido varios créditos.

Esta situación es la culminación de un problema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. El personal de la factoría ha llegado a encontrarse con impagos prolongados durante seis meses a causa de la situación sufrida por la empresa cabeza de grupo, aunque, tal y como declaran los sindicatos, desde la intervención judicial el pago de nóminas se ha ido normalizando.

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